Legalidad social no es discurso: es garantizar derechos sin excepciones.
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✒️ Emiaj Agairra G.
En tiempos donde el discurso público suele romantizar fechas como el 14 de febrero, vale la pena detenerse en el fondo jurídico de lo ocurrido en Temoaya: 77 parejas accedieron a un derecho que durante años para muchos fue inaccesible por razones económicas o burocráticas.
Los matrimonios colectivos no son solo un evento simbólico ni una fotografía institucional. Son una herramienta de legalidad social. Formalizar una unión civil implica acceso a seguridad jurídica, patrimonio protegido, derechos hereditarios y certeza para hijas e hijos. Eso es Estado de Derecho en acción.
Sin embargo, desde Azotea Media señalamos algo con claridad: la legalidad no debe depender de jornadas extraordinarias ni de fechas conmemorativas. El acceso a trámites civiles gratuitos y ágiles tendría que ser permanente, eficiente y libre de obstáculos administrativos.
Reconocemos el esfuerzo de la administración encabezada por Berenice Carrillo Macario al facilitar estos matrimonios, pero también recordamos que el verdadero compromiso del Estado va más allá de un evento: implica garantizar que cada ciudadano pueda ejercer sus derechos civiles sin costos excesivos, sin retrasos y sin discrecionalidad.
La legalidad social se construye cuando el Estado acerca los servicios, simplifica procesos y elimina barreras estructurales. No basta con celebrar el amor; hay que institucionalizar el acceso a la justicia civil todos los días del año.
Porque el amor fortalece a la familia, sí. Pero es la legalidad la que le da estabilidad ante el Estado.
