Proponen acompañamiento psicológico permanente en escuelas públicas del Edoméx
Ante el aumento de casos de ansiedad, depresión e ideaciones suicidas entre adolescentes mexiquenses, la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Anai Esparza Acevedo, presentó una iniciativa para reformar el artículo 79 y adicionar un artículo bis a la Ley de Educación del Estado de México, con el fin de establecer atención psicológica permanente en planteles públicos de nivel básico y superior.
La propuesta plantea que cada escuela cuente con personal especializado en salud mental que brinde acompañamiento continuo, detecte factores de riesgo y canalice de manera oportuna a estudiantes que requieran atención clínica. El enfoque no solo sería reactivo, sino preventivo, integrando a docentes, personal administrativo y familias en un modelo comunitario de corresponsabilidad.
Desde una perspectiva médica y social, la legisladora subrayó que la salud mental es un componente esencial del desarrollo integral, pues influye directamente en el rendimiento académico, la convivencia escolar y la permanencia educativa.
Datos del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) indican que, durante el primer trimestre de 2025, se registraron más de 600 solicitudes de atención psicológica por ansiedad, depresión e ideaciones suicidas en jóvenes de entre 12 y 17 años en la entidad.
Además, entre 2020 y 2023, el Estado de México ocupó el primer lugar nacional en suicidios en personas de 15 a 19 años, lo que evidencia la urgencia de fortalecer las estrategias preventivas desde el entorno escolar.
La iniciativa también busca consolidar a la escuela como un espacio seguro, de inclusión y acompañamiento emocional permanente, donde no solo se garantice el derecho a la educación, sino también el bienestar psicosocial de la comunidad educativa.
Finalmente, la propuesta se alinea con la resolución A45/112 de 1990 de la Organización de las Naciones Unidas, que establece directrices para la prevención de conductas antisociales en menores, con el objetivo de armonizar el marco jurídico estatal con estándares internacionales y reforzar la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
