Desaparecer en el Estado de México: la tragedia que el gobierno decidio dar un mejoral.
En el Estado de México, desaparecer se ha vuelto una posibilidad cotidiana. Y lo más grave: buscar a los desaparecidos también. Pero no por parte del Estado, sino de las familias.
La escena en Toluca es tan dolorosa como reveladora: madres, hermanas, colectivos enteros pegando fichas en postes, gritando nombres en el vacío institucional. Mientras tanto, las autoridades presumen protocolos, células de búsqueda y discursos que suenan bien… pero que no encuentran a nadie.
Porque hay que decirlo sin rodeos: las acciones gubernamentales no solo son insuficientes, son cómodamente insuficientes.
Se han creado estructuras —comisiones, células, mesas de trabajo— que en el papel parecen robustas, pero en la realidad operan tarde, mal o nunca. Y cuando actúan, lo hacen empujadas por la presión de quienes no tienen otra opción más que convertirse en investigadores, peritos y rastreadores de sus propios familiares.
¿Qué clase de Estado necesita que las víctimas le recuerden cómo hacer su trabajo?
La recomendación de “presionar a las autoridades” no debería existir. Es, en sí misma, una confesión brutal: si no hay presión, no hay acción. Y eso convierte al aparato gubernamental en cómplice por omisión.
Porque cuando una familia tiene que exigir geolocalizaciones, cuando debe insistir para que se abra una carpeta de investigación, cuando tiene que salir a las calles a preguntar “¿quién lo vio?”, el Estado ya falló.
Y no una vez, sino sistemáticamente.
El problema no es la falta de leyes, ni de instituciones. Es la falta de voluntad real. Es la normalización de la tragedia. Es la burocratización del dolor.
Hoy, en Toluca, como en tantos municipios, los colectivos hacen lo que el gobierno debería estar haciendo desde el primer minuto: buscar.
Y mientras eso no cambie, cada ficha pegada en un poste no solo representa a una persona desaparecida… también es un recordatorio de un Estado ausente.
Y sí: ausente también es culpable.
