Toluca y el silencio institucional ante las agresiones a periodistas se escuda en mesa de diálogo
Por: Jaime A Guzmán
Han pasado más de cinco semanas desde los hechos del ‘2 de octubre’, cuando elementos de la Policía Municipal de Toluca agredieron a periodistas y ciudadanos durante una manifestación realizada por estudiantes en el centro histórico. Aquel día, lo que debió ser un operativo de contención terminó en un exceso de fuerza, golpes, empujones y violaciones claras a los derechos humanos y a la libertad de expresión.
Lo más preocupante no es solo lo ocurrido, sino lo que no ha sucedido desde entonces. Hasta hoy, no se han dado a conocer sanciones efectivas ni medidas ejemplares contra los policías que participaron en las agresiones. La autoridad municipal asegura que ya fueron identificados algunos elementos responsables, pero ninguno ha enfrentado consecuencias reales.
Resulta paradójico que, semanas después, el gobierno local haya convocado una Mesa de Diálogo para la creación de un protocolo de protección a periodistas, presentada como un ejercicio de apertura, diálogo y respeto. Sin embargo, la realidad contradice la narrativa institucional. No puede construirse un documento de defensa a la libertad de expresión mientras se mantiene la impunidad en un caso donde justamente se vulnero ese derecho.
El propio alcalde Ricardo Moreno Bastida reconoció públicamente que dio la orden a su personal de actuar y contener, argumentando que en el primer cuadro de la ciudad se realizan eventos masivos como la FILEM y el Festival del Alfeñique, y que era necesario mantener el orden a cualquier costa. Pero esa orden se tradujo, en los hechos, en el uso desproporcionado de la fuerza y en la falta de control de los cuerpos policiacos.
Es cierto, la salvaguarda de personas, inmuebles y eventos no está en entredicho, es una justificada acción en razón de probables desenlaces y se aplaude, donde también resultaron policías heridos, porqué no decirlo.
Es cierto que la capital mexiquense enfrenta desafíos de seguridad y de convivencia en el espacio público; sin embargo, el abuso policial no puede justificarse bajo ningún argumento administrativo o logístico. Si la autoridad reconoce que sus elementos actuaron fuera de protocolo, ¿por qué no hay sanciones ni disculpas públicas?
Las mesas de diálogo, los protocolos y las declaraciones de buena voluntad no bastan. Mientras no haya justicia, la credibilidad institucional seguirá en duda. En Toluca, la defensa de la libertad de prensa no puede quedarse en el discurso: requiere acciones concretas, reparación del daño y garantías de no repetición.
Porque más allá de los comunicadores agredidos, el mensaje que deja la inacción es peligroso: que en esta ciudad se puede golpear, censurar o intimidar sin consecuencias. Y eso, en cualquier democracia, es inaceptable.
