Entre posturas encontradas, Congreso mexiquense perfila dictamen sobre tarifas de agua.
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Azotea Media
El congreso mexiquense fue escenario de una sesión intensa en las comisiones legislativas encargadas de revisar las tarifas municipales de agua potable para 2025. Lo que parecía un trámite técnico terminó en un intercambio de posturas políticas y cuestionamientos sobre la justicia y viabilidad del cobro del servicio.
El punto de arranque fue la presentación de dos listas de municipios: 18 de ellos decidieron ratificar sus tarifas, ajustándolas únicamente mediante la UMA; los otros tres—Cuautitlán, Coacalco y Huixquilucan—presentaron modificaciones que van desde reducciones considerables hasta aumentos de doble dígito.
La diputada Miriam Silva Mata abrió el debate señalando que, aunque existen herramientas metodológicas, “la política pública no ha logrado garantizar agua para todos”. Su comentario encendió la discusión. Gerardo Pliego llamó a mejorar la eficiencia de los organismos operadores, mientras que Elena García Martínez pidió claridad sobre los criterios que llevan a un municipio a aumentar o reducir sus cobros.
Los especialistas del Instituto Hacendario y la Comisión Técnica del Agua presentaron un panorama meticuloso: desde los 17 factores que integran el cálculo tarifario, hasta los sesgos detectados en comportamientos residenciales, como el de Huixquilucan, donde el valor catastral entre zonas medias y altas muestra una diferencia superior al 40%.
En Cuautitlán, detallaron, la propuesta de disminución responde a un intento por segmentar mejor tarifas entre comercio e industria. En Coacalco, el ajuste del 4% se relaciona con costos operativos.
La sesión concluyó sin sobresaltos, pero con un consenso claro: el dictamen que se vote en las próximas semanas tendrá que equilibrar técnica, justicia social y viabilidad financiera.
