Capacitación obligatoria al volante: ¿punto de quiebre o simulación anunciada en el transporte mexiquense?
Autotransporte | EdoMéx | SEMOVI | Arturo Piña | Sociedad
Emiaj Agairra G.
En el Estado de México, hablar de transporte público es hablar de una deuda histórica. Una que se cobra todos los días en tiempo perdido, accidentes evitables, malos tratos y un reglamento que, para muchos operadores y concesionarios, parece más una sugerencia que una obligación. Por eso, el arranque de la capacitación y certificación obligatoria para operadores de transporte público, impulsada por la Secretaría de Movilidad (SEMOV) desde enero de 2026, despierta tanto expectativa como escepticismo.
Desde el 19 de enero, conductores de transporte público deben acreditar un curso presencial de 10 horas, impartido en planteles del ICATI y EDAYOS, como requisito indispensable para renovar su licencia. El programa incluye conducción y seguridad vial, primeros auxilios, mecánica básica, marco normativo y atención al usuario con enfoque de género. El costo es de 340 pesos y la certificación tendrá vigencia de dos años, con la promesa de profesionalizar el servicio y mejorar la seguridad de millones de usuarios.
En el papel, el diseño es correcto. Incluso necesario. La capacitación responde a una exigencia largamente postergada: que quien conduce una unidad de transporte público no solo sepa manejar, sino entienda la responsabilidad social que implica trasladar vidas todos los días. Sin embargo, el verdadero reto no está en el aula, sino en la calle.
La pregunta incómoda —y obligada— es si esta estrategia marcará un antes y un después o si, como tantas otras, se diluirá con el paso de los meses. ¿De verdad veremos un cambio en prácticas tan normalizadas como exceder la velocidad, pasarse semáforos, salirse de ruta, competir por el pasaje o cargar combustible con usuarios a bordo? ¿O seguiremos presenciando el mismo caos, ahora con un certificado en la guantera?
Porque el problema del transporte en el Estado de México no es solo de conocimiento, sino de impunidad. Durante años, la falta de supervisión efectiva permitió que reglamentos escritos quedaran archivados mientras en la realidad se impon/compiler el “así se ha hecho siempre”. Capacitar sin vigilar es formar para el archivo. Certificar sin sancionar es institucionalizar la simulación.
La SEMOV ha insistido en que el curso tiene un enfoque social y no recaudatorio, y eso es un punto a favor. También lo es que la capacitación sea presencial y no un trámite exprés. Pero el impacto real dependerá de lo que venga después: inspecciones constantes, sanciones claras y, sobre todo, la voluntad política de enfrentar intereses enquistados en el sistema de transporte.
Del lado de los transportistas, la responsabilidad es igual de grande. No basta con enviar operadores al curso para cumplir el requisito administrativo. Si no hay cambios en las condiciones laborales, en los esquemas de presión por cuotas o en la cultura interna de las empresas y concesiones, cualquier esfuerzo formativo se quedará corto. No se puede exigir conducción responsable cuando se fomenta la competencia salvaje por el pasaje.
La profesionalización del transporte público no puede reducirse a un curso de 10 horas, por más bien estructurado que esté. Es apenas el primer paso. El resto del camino exige coherencia entre discurso y práctica, entre norma y realidad.
En Azotea Media creemos que esta política pública merece seguimiento crítico, no aplausos automáticos ni descalificaciones anticipadas. El transporte mexiquense no necesita anuncios espectaculares, sino constancia. La ciudadanía no pide milagros, pide reglas claras que se cumplan.
Hoy, la capacitación obligatoria abre una ventana de oportunidad. La duda es si gobierno y transportistas la cruzarán juntos o si, como tantas veces, preferirán cerrarla cuando la presión mediática baje. El volante ya está en sus manos. Y las consecuencias, como siempre, las pagará quien va sentado atrás.
