Decisión de la SCJN será clave para el futuro del agua en Ecatepec: Miriam Silva
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✒️ Emiaj Agairra G.
La crisis del agua en uno de los municipios más poblados del país llegó al máximo tribunal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ejercer su facultad de atracción sobre los amparos promovidos por habitantes de Ecatepec ante el desabasto crónico de agua potable, un hecho que fue calificado como “histórico” por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Miriam Silva Mata.
En conferencia de prensa, la legisladora señaló que esta determinación coloca por primera vez el problema del agua en Ecatepec como un asunto de relevancia nacional, obligando a revisar la actuación de las autoridades locales frente al derecho humano al agua, a la salud y a un medio ambiente sano.
“Es un precedente histórico; por primera vez el máximo tribunal revisará la crisis del agua en Ecatepec como un tema de trascendencia nacional. No solo se trata de tuberías o litros de agua, se trata de dignidad y justicia social”, afirmó Silva Mata.
Acompañada por el coordinador parlamentario del PVEM en el Estado de México, José Alberto “Pepe” Couttolenc Buentello, la diputada explicó que el objetivo es que la Corte analice y defina un proyecto integral que garantice el acceso al agua limpia y suficiente en los hogares de Ecatepec, luego de años de incumplimientos por parte de la autoridad municipal.
La legisladora recordó que la ruta jurídica comenzó hace más de cuatro años, cuando vecinos —muchos de ellos pagando puntualmente impuestos y derechos— promovieron amparos colectivos ante la falta del servicio, situación que se agravó durante la pandemia de COVID-19.
Aunque los juzgados de distrito otorgaron suspensiones definitivas a favor de los ciudadanos, la realidad en las colonias no cambió.
Actualmente, más de 7 mil 500 familias de 154 colonias cuentan con sentencias favorables, sin que estas se hayan cumplido de manera efectiva. Para Silva Mata, esta omisión constituye una transgresión directa a los derechos humanos de los habitantes del municipio.
“Durante años nos dijeron que no había agua y que debíamos conformarnos. Hoy la Corte reconoce que este problema no puede seguir tratándose con simulaciones”, sentenció.
Cronología de una defensa prolongada
De acuerdo con la diputada, entre 2020 y 2024 se promovieron los primeros amparos colectivos ante la escasez crítica del recurso, logrando resoluciones favorables que, en los hechos, no se tradujeron en agua en las llaves. Ante el incumplimiento sistemático y tras diversas protestas pacíficas, se solicitó formalmente que la SCJN atrajera el caso para definir el rumbo hídrico del municipio.
Respaldo político y partidista
Por su parte, “Pepe” Couttolenc respaldó el trabajo legislativo y jurídico impulsado por Silva Mata, subrayando que el acceso al agua es una de las principales banderas del Partido Verde en el Estado de México. Señaló que la atracción del caso abre la posibilidad de poner fin a la discrecionalidad con la que, acusó, han actuado autoridades locales durante años.
Con esta decisión, la SCJN deberá emitir una sentencia que siente un precedente y obligue a garantizar el agua como un derecho inalienable, no como un favor político.
**Opinión Azotea Media**
La atracción del caso por parte de la Suprema Corte exhibe una realidad incómoda: en Ecatepec, las sentencias judiciales y los derechos constitucionales han sido, durante años, letra muerta. Que se requiera la intervención del máximo tribunal del país para atender algo tan básico como el acceso al agua habla de la profunda descomposición institucional a nivel municipal.
La pregunta de fondo no es si hay o no agua, sino por qué, pese a resoluciones judiciales firmes, las autoridades han sido incapaces —o renuentes— a garantizarla. La SCJN tiene ahora en sus manos no solo un expediente legal, sino la oportunidad de enviar un mensaje claro: los derechos humanos no se administran a conveniencia política. Si el fallo se queda en el papel, Ecatepec seguirá siendo el ejemplo de cómo la negligencia gubernamental seca la confianza ciudadana. Si se cumple, podría marcar un antes y un después en la gestión del agua en México.
