Del rezago a la ejecución: así se reescribe la justicia laboral en el Estado de México México
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✒️ Emiaj Agairra G.
Durante años, la justicia laboral en México fue una promesa aplazada, expedientes que dormían décadas, amparos interminables y trabajadores atrapados en un sistema que parecía diseñado para cansarlos. Hoy, en el Valle de Toluca, ese escenario comienza a resquebrajarse.
En su Segundo Informe de Labores 2025, el encargado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Abraham Hernández Enríquez, presentó algo más que cifras: mostró el mapa de una transición institucional que, con errores y resistencias, avanza.
Los números son contundentes. Más de 10,985 juicios solucionados desde 2020, un 86.25% de avance en la atención del rezago histórico y más de 100 millones de pesos devueltos a trabajadores que esperaron años —en algunos casos décadas— para ver justicia. No es menor: cada expediente cerrado es tiempo recuperado, es ingreso restituido, es conflicto social despresurizado.
La reforma laboral no se quedó en el papel. En menos de cinco meses, la Junta resolvió 528 amparos, algo inédito para un órgano tradicionalmente rebasado por la carga procesal. Y el dato que incomoda a los críticos: siete de cada diez amparos fueron negados, señal de que las resoluciones no solo avanzan rápido, sino que resisten el control constitucional.
El secretario del Trabajo, Norberto Martínez Poblete, lo dijo sin rodeos: el poder no es un privilegio, es una responsabilidad. Bajo esa lógica, el Estado de México apostó por cerrar juntas, reorganizar estructuras y asumir el costo político de desmontar un modelo agotado. No fue una decisión administrativa; fue —en palabras del propio secretario— una decisión de justicia social.
La conciliación, ese mecanismo subestimado durante años, hoy se consolida como una herramienta real: 20 millones de pesos recuperados mediante acuerdos, juicios destrabados y convenios con universidades e instituciones públicas para profesionalizar el proceso. Incluso expedientes detenidos por más de seis años comenzaron a moverse gracias a la cooperación con la Ciudad de México.
A ello se suma el cumplimiento total de la reforma: 175 registros sindicales, 6,994 contratos colectivos y 2,019 reglamentos interiores entregados al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo que posiciona a la Junta del Valle de Toluca como la primera del país en cumplir al 100% con este mandato.
En un país donde la justicia tardía deja de ser justicia, el mensaje es claro: el nuevo sistema laboral ya no es discurso ni promesa. En el Valle de Toluca, se ejecuta, se mide y se defiende. Y eso, en tiempos de desconfianza institucional, no es poca cosa, aunque sí, queda un manojo de pendientes que se deben desempolvar.
