En Congreso aprueban reforma para buscar personas desaparecidas con alertas y datos biométricos.
Congreso Mexiquense | Sociedad | Justicia
Con el reconocimiento explícito de una deuda histórica frente a las familias de personas desaparecidas, comisiones unidas del Congreso mexiquense aprobaron la iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para fortalecer los mecanismos de búsqueda, localización e identificación en la entidad, una de las más golpeadas por este fenómeno a nivel nacional.
El dictamen avalado plantea un giro en la forma de reaccionar ante una desaparición: la activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda, el acceso obligatorio a datos biométricos, registros administrativos y forenses, imágenes satelitales y tecnologías digitales, así como la creación de una ficha de búsqueda de difusión masiva, que deberá notificarse al Registro Nacional de Población para activar alertas en la Plataforma Única de Identidad sobre el uso de la CURP de la persona no localizada.
Desde tribuna, legisladoras y legisladores coincidieron en que el problema no es nuevo, pero sí urgente. Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia; de Alerta de Violencia de Género por Feminicidio y Desaparición; y de Seguridad Pública y Tránsito respaldaron la propuesta al considerar que obliga a las instituciones a actuar de manera coordinada y no dejar la carga de la búsqueda en manos de las familias.
Las diputadas Jennifer Nathalie González López, Yesica Yanet Rojas Hernández y le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena) subrayaron que la iniciativa fija responsabilidades claras para la Comisión Estatal de Búsqueda, las corporaciones de seguridad, el sector salud, la Fiscalía y cualquier ente que administre información clave, rompiendo con la fragmentación institucional que hoy retrasa los procesos.
Sin embargo, el debate también evidenció las grietas del sistema. El diputado Octavio Martínez Vargas (morena) señaló que, pese a los esfuerzos oficiales, persisten vacíos graves que obligan a madres, padres y colectivos a hacer el trabajo del Estado: rastrear cámaras, solicitar datos y presionar autoridades. Por ello, urgió una reforma profunda a la Ley Orgánica de la Fiscalía, el nombramiento formal de una persona titular con plenas facultades en el área y la integración del Consejo Estatal Ciudadano con participación de colectivos de búsqueda.
Desde el PT, Ernesto Santillán Ramírez destacó que la plataforma única de identidad y el uso de datos biométricos permitirán respuestas más rápidas, pero advirtió que también se debe sancionar a servidores públicos que retrasen o nieguen denuncias, prácticas que perpetúan la revictimización. En la misma línea, Ana Yurixi Leyva Piñón recordó que hasta mayo de 2024, Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México concentraban el 48% de las desapariciones en el país, y que la entidad encabezó la desaparición de menores en 2023, con 21.4% de los casos.
No todas las voces acompañaron el dictamen. La diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) reconoció los avances en búsqueda inmediata e identificación forense, pero votó en contra al advertir riesgos en el uso de datos biométricos sin controles estrictos, órganos de vigilancia y rendición de cuentas. Por su parte, Ruth Salinas Reyes (MC) pidió priorizar los municipios más afectados, abrir las comisiones a un trabajo real con colectivos y blindar el uso de la información para evitar abusos.
Funcionarios del Ejecutivo estatal coincidieron en que el objetivo central es fortalecer a la Comisión de Búsqueda y a la Fiscalía, profesionalizar al personal y unificar la información para que las búsquedas sean más rápidas y eficaces. La reforma también garantiza recursos y estructura para la fiscalía especializada, con unidades multidisciplinarias, perspectiva de género y áreas enfocadas en delitos cibernéticos.
La ley avanza, las herramientas se amplían y el discurso institucional se endurece. Falta la parte más difícil: que la tecnología, las alertas y los datos lleguen a tiempo, antes de que otra familia tenga que salir sola a buscar lo que el Estado no encontró. En el Estado de México, la aprobación legislativa es apenas el inicio; la deuda sigue contando las horas.
