Registro de infracciones: ¿orden o simulación en la justicia cívica del EdoMéx?
Emiaj Agairra G.
Bajo el argumento de dar certeza jurídica y corregir fallas legales, el Congreso mexiquense avanza en la creación de un Registro Municipal de Infracciones en materia de justicia cívica. Sin embargo, la discusión deja más dudas que certezas sobre su impacto real en la vida cotidiana de la ciudadanía, el actuar de los elementos de justicia y toooodo aquello que implica en las letras muertas.
La iniciativa impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez surge como respuesta a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que evidenció la fragilidad jurídica de la actual Ley de Justicia Cívica. No obstante, el cambio de fondo parece limitado: sustituir un registro de “personas infractoras” por uno de “infracciones”.
Aunque en el discurso se plantea evitar estigmatización, en la práctica el nuevo esquema seguirá recopilando datos personales como nombre, CURP y domicilio, lo que abre cuestionamientos sobre privacidad, uso de la información y posibles abusos institucionales.
Legisladoras como Ruth Salinas Reyes pusieron el dedo en la llaga: ¿se está corrigiendo una inconstitucionalidad o simplemente cambiando el nombre de un mecanismo cuestionado? A esto se suma la falta de claridad sobre plazos de conservación de datos y el derecho de la ciudadanía a cancelar o rectificar su información.
Más preocupante aún es el contexto: diagnósticos de organismos de derechos humanos señalan que decenas de municipios ya operan con bandos que vulneran garantías básicas. Sin criterios homogéneos ni capacitación adecuada, el riesgo es que este registro se convierta en una herramienta más de control discrecional.
El propio debate legislativo reconoce un problema de fondo: abusos policiales, extorsiones y reincidencia en faltas administrativas. Sin embargo, la propuesta parece enfocarse más en registrar que en resolver.
En un estado donde la justicia cívica debería ser un primer contacto efectivo entre ciudadanía y autoridad, la pregunta sigue en el aire: ¿este registro servirá para prevenir conflictos o será otro archivo burocrático que documente problemas sin atenderlos?
Porque al final, el reto no es contar infracciones, sino construir confianza. Y eso no se logra con bases de datos, sino con instituciones que realmente funcionen.
