Taxis del AICM: el conflicto que golpea al turismo y exhibe abusos tolerados.
Diciembre 14 de 2025
Nacional | CDMX | Aeropuerto Benito Juárez | Taxis
✒️Emiaj Agairra G.
El conflicto entre los permisionarios de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y las autoridades que administran la terminal aérea ha dejado de ser un asunto administrativo para convertirse en un problema de interés público que impacta directamente al turismo, a los usuarios y a la imagen del principal aeropuerto del país.
Mientras las autoridades anuncian la instalación de Mesas de Trabajo con seis empresas de transporte terrestre —que concentran cerca del 40 por ciento del servicio autorizado—, la realidad cotidiana para pasajeros nacionales y extranjeros sigue marcada por quejas, denuncias de abusos, desinformación y un ambiente de tensión que nadie parece querer asumir con responsabilidad plena.
La decisión de cerrar puntos de venta a estas empresas, medida que habría provocado una caída de hasta 30 por ciento en sus ingresos, no solo afectó a permisionarios y trabajadores, sino que redujo opciones legales para los usuarios. Menos alternativas en el aeropuerto se traducen en tarifas poco claras, servicios desiguales y un terreno fértil para prácticas que dañan la confianza del turismo, uno de los sectores más sensibles para la economía nacional.
Los permisionarios acusan un trato discriminatorio y una aplicación selectiva de la ley que, lejos de ordenar el transporte terrestre, favorece a ciertas empresas afines a la administración aeroportuaria. Si estas acusaciones se confirman, estaríamos frente a un escenario grave: autoridades que, en lugar de garantizar competencia y equilibrio, propician condiciones que afectan tanto a empresarios formales como a los pasajeros.
La reunión anunciada con el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México llega tarde y bajo presión política. Que haya sido necesaria la intervención directa de la Secretaría de Marina y una instrucción presidencial para abrir el diálogo evidencia un problema más profundo: la falta de mecanismos claros, transparentes y oportunos para resolver conflictos antes de que estallen en protestas y afectaciones al servicio.
El riesgo es evidente. Si la Mesa de Trabajo se convierte en un simple gesto político sin resultados concretos, el conflicto persistirá y los principales perjudicados seguirán siendo los usuarios, quienes ya enfrentan un sistema de transporte aeroportuario cuestionado por abusos, falta de información y costos elevados. A ello se suma la afectación a más de mil 200 personas que dependen directamente de estas empresas, muchas de ellas adultos mayores.
El AICM no puede permitirse que disputas internas y presuntos favoritismos sigan deteriorando la experiencia de quienes llegan a México. Ordenar el transporte terrestre, garantizar competencia real y erradicar prácticas abusivas no es una concesión a los permisionarios: es una obligación de la autoridad frente al turismo y a la ciudadanía. De lo contrario, el aeropuerto seguirá siendo sinónimo de conflicto, quejas y desconfianza desde el primer contacto con el país.
