
¿Camiones de la Junta de Caminos… o “Junta de Negocios”? La pregunta incómoda entrabajos en Av, Morelos.

La Junta de Caminos del Estado de México tiene una misión bastante clara: construir, conservar y modernizar la infraestructura carretera mexiquense. Es decir, caminos para todos, no mandados para unos cuantos.
Hasta ahí, aplausos.
Pero en Toluca hay escenas que hacen que uno tenga que sacar la libreta de reportero… y también la calculadora.
Sobre avenida Morelos, detrás de London Pizza y antes de llegar a la zona del INEGI, se observa la presencia de camiones de volteo con identificaciones de la dependencia, realizando viajes y trabajos consecutivos.
La pregunta no es si los camiones pueden trabajar.

La pregunta es:
¿Para quién están trabajando?
Porque una cosa es que la maquinaria y los vehículos oficiales estén cumpliendo una encomienda institucional y otra, muy distinta, sería que los recursos públicos terminaran convertidos en maquinaria de uso particular.
Y aquí viene la parte sabrosa —porque para eso está la libreta—:
¿Quién dio la orden?
¿Existe una orden de trabajo?
¿Hay contrato, convenio, bitácora o documento que justifique el traslado de los camiones?
¿A qué obra están asignados?
¿Quién supervisa los viajes?
¿Los operadores están cumpliendo una jornada oficial?
Y, sobre todo:
¿Quién paga cada viaje y a qué partida presupuestal se carga?
Porque si todo está perfectamente documentado, ¡magnífico! Que aparezcan los papeles y asunto arreglado.
Pero si no lo está…
Bueno, entonces alguien podría estar confundiendo aquello de “El Poder de Servir” con algo más parecido a:
“El poder de servirse”.
Y ahí sí cambia completamente la película.
La propia documentación oficial establece que la Junta tiene como misión atender infraestructura carretera estatal y que sus recursos, maquinaria y personal están vinculados al cumplimiento de funciones públicas.
Por eso, desde Azotea Media, no estamos afirmando que exista un uso irregular de los vehículos.
Estamos preguntando.
Porque cuando un ciudadano observa camiones identificados con una dependencia pública realizando trabajos que, a simple vista, no parecen corresponder a una obra carretera, lo mínimo que merece es una explicación.
Y si resulta que todo está en regla, qué bueno.
Pero si alguien convirtió los camiones del Estado en “camiones de confianza para el negocio de confianza”, entonces ya no estaríamos hablando de caminos…
estaríamos hablando de atajos.
Y esos, curiosamente, suelen ser los más caros para el ciudadano.
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