Zaira Cedillo coloca la protección de mujeres y menores en el centro de su agenda legislativa.
La diputada mexiquense reportó avances en el combate a la violencia vicaria y las agresiones químicas, además de impulsar propuestas contra la cohabitación forzada, la discriminación laboral y la violencia digital hacia las infancias.
Ecatepec, Estado de México.
La defensa de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes fue uno de los ejes centrales del Segundo Informe de Actividades Legislativas y Territorio de la diputada Zaira Cedillo Silva, quien presentó un balance del trabajo realizado del 5 de septiembre de 2025 al 4 de septiembre de 2026.
Desde el Congreso del Estado de México, la legisladora de Morena destacó su participación en reformas orientadas a combatir distintas formas de violencia y fortalecer los mecanismos de protección para sectores vulnerables. Entre los resultados señalados se encuentran las disposiciones relacionadas con la violencia vicaria y el endurecimiento de las penas por ataques con ácido o sustancias químicas.
Uno de los temas relevantes de su agenda es la violencia vicaria, una forma de agresión en la que se utiliza a hijas, hijos u otras personas cercanas para causar daño a una mujer. Las reformas contemplan sanciones de hasta ocho años de prisión, multas, pérdida de la patria potestad y tratamientos especializados para los agresores, conforme a los supuestos establecidos en la legislación.
En materia de violencia ácida o química, Cedillo resaltó la importancia de establecer penas que pueden alcanzar hasta 36 años de prisión en los casos previstos por la ley. Las disposiciones también consideran la reparación integral del daño, con medidas como cirugías reconstructivas, rehabilitación física y psicológica, prótesis y tratamientos médicos especializados.
Estas medidas buscan atender no solamente la sanción penal, sino también las consecuencias físicas, emocionales y económicas que enfrentan las víctimas después de una agresión.
Protección desde la infancia y el entorno digital
Durante la presentación de su informe, la diputada también dio cuenta de iniciativas dirigidas a prevenir prácticas que vulneran los derechos de menores de edad.
Entre ellas se encuentra una propuesta para sancionar la cohabitación forzada con penas de hasta 22 años y seis meses de prisión, en los casos contemplados por la iniciativa. El objetivo es combatir las uniones impuestas mediante coerción o presión que obligan a menores de edad o a personas que no pueden comprender o resistir el acto a mantener una convivencia equiparable al matrimonio.
A esta propuesta se suma el planteamiento para reconocer el derecho de niñas, niños y adolescentes al cuidado integral con enfoque digital. La iniciativa contempla medidas contra el ciberacoso y la violencia digital, mecanismos de denuncia y atención, educación para el uso responsable de las tecnologías y coordinación con la policía cibernética.
La propuesta también considera la participación de madres, padres y tutores, ante la necesidad de que la protección de las infancias abarque tanto los espacios físicos como los entornos digitales en los que actualmente se desarrollan.
Igualdad laboral y derechos de las mujeres
La agenda legislativa de Zaira Cedillo incluye propuestas para combatir la discriminación por embarazo o género y garantizar condiciones más equitativas para las mujeres trabajadoras durante la maternidad y la crianza.
De acuerdo con lo expuesto en su informe, planteó sanciones de hasta tres años de prisión, trabajo comunitario y multas de hasta 200 días para las conductas previstas en su iniciativa, relacionadas con la discriminación laboral y la limitación de servicios de salud vinculados con la maternidad.
También impulsó medidas para que las instituciones públicas estatales y municipales implementen acciones contra la brecha salarial de género y la segregación laboral por sexo, con el propósito de avanzar hacia condiciones de igualdad sustantiva.
En el ámbito de los derechos reproductivos, recordó la aprobación de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en noviembre de 2024 y la posterior expedición de una nueva Ley de Salud estatal, que contempla la prestación de servicios para la interrupción legal del embarazo.
Asimismo, manifestó su respaldo a iniciativas del Gobierno estatal, entre ellas la legislación de protección, cuidado y bienestar animal, así como reformas que incrementaron las sanciones por maltrato animal.
Del trabajo legislativo a las necesidades de las comunidades
El informe no se limitó a las iniciativas y reformas. La legisladora también presentó acciones de gestión social en Ecatepec, entre las que mencionó obras hidráulicas, mejoras en infraestructura escolar, recuperación de espacios públicos y entrega de uniformes deportivos.
A estas actividades se sumaron jornadas de servicios gratuitos con motivo del inicio del ciclo escolar, que incluyeron certificados médicos, cortes de cabello, fotografías, impresión de documentos, mochilas y materiales educativos. También se reportaron apoyos sociales, orientación jurídica, atención médica, entrega de juguetes y campañas de esterilización y vacunación antirrábica.
En materia de infraestructura y seguridad urbana, Cedillo hizo referencia a la rehabilitación de 24 pozos de agua, siete cárcamos de bombeo y la instalación de luminarias en senderos seguros, acciones vinculadas con los esfuerzos gubernamentales para mejorar los servicios y recuperar espacios públicos en la región oriente del Estado de México.
También destacó el Plan Integral para la Zona Oriente, estrategia que contempla acciones de desarrollo urbano y social en municipios como Ecatepec, Chalco, Chicoloapan, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.
El reto: convertir las reformas en protección efectiva
En el acto, al que asistió el diputado Vladimir Hernández Villegas, presidente de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, se subrayó la importancia de vincular el trabajo parlamentario con las condiciones reales que enfrenta la población.
La presentación del informe de Zaira Cedillo deja sobre la mesa una agenda que abarca violencia de género, protección de menores, igualdad laboral, derechos reproductivos y atención comunitaria.
Sin embargo, el alcance de estas acciones también plantea un desafío: que las reformas aprobadas se traduzcan en investigaciones eficaces, sanciones aplicadas, atención integral a las víctimas y mecanismos de prevención accesibles para quienes enfrentan situaciones de violencia.
Porque legislar para proteger a mujeres e infancias implica no solamente establecer derechos y castigos en la ley, sino garantizar que las instituciones respondan cuando esos derechos son vulnerados.
