Horacio Duarte rechaza señalamientos de alcaldesa de Tenancingo y pide que las acusaciones se sustenten con pruebas.
Emiaj Agairra G. / Azotea Media
Toluca, Estado de México.- El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, rechazó las acusaciones realizadas por la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, quien señaló que detrás de la investigación en su contra existiría una operación política impulsada desde la administración estatal.
Durante una entrevista con medios de comunicación, el encargado de la política interna del gobierno mexiquense sostuvo que los señalamientos deben dirimirse por la vía legal y no en el terreno mediático, al tiempo que defendió la actuación institucional de las autoridades involucradas en el caso.
Duarte Olivares precisó que la presidenta municipal no realizó una acusación directa en su contra, sino que hizo referencia a presuntos funcionarios vinculados con la Secretaría General de Gobierno, por lo que pidió evitar interpretaciones erróneas sobre sus declaraciones.
“Ella señaló que había algún personaje de la Secretaría General de Gobierno. Yo soy el secretario, pero no soy toda la Secretaría”, expresó el funcionario estatal al ser cuestionado sobre los señalamientos difundidos por la alcaldesa.
El secretario enfatizó que cualquier persona que realice una acusación pública debe presentar los elementos de prueba correspondientes ante las instancias competentes, especialmente cuando se trata de señalamientos contra servidores públicos.
“Quien acusa tiene la obligación de probar. Si existe alguna evidencia sobre una conducta indebida de algún funcionario, deberá presentarse ante las autoridades para que se investigue”, sostuvo.
Las declaraciones de Duarte se producen luego de que Nancy Nápoles difundiera un mensaje en redes sociales en el que aseguró que la investigación por la presunta simulación de su secuestro forma parte de una estrategia para desacreditar su administración y afectar su imagen política.
La alcaldesa señaló que existen intereses políticos detrás de las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y afirmó que cuenta con información que apuntaría a operadores relacionados con la estructura política estatal.
Frente a ello, Horacio Duarte insistió en que el Gobierno del Estado de México no interviene en las investigaciones ministeriales y recordó que la Fiscalía mexiquense cuenta con autonomía constitucional para desarrollar sus indagatorias.
“El Gobierno del Estado es respetuoso de las instituciones. La Fiscalía tiene sus propias facultades y sus propios procedimientos. Nosotros no intervenimos en las investigaciones”, puntualizó.
El funcionario agregó que será la autoridad judicial la que determine la veracidad de los hechos y la responsabilidad de las personas involucradas, por lo que llamó a permitir que el proceso continúe sin presiones políticas ni mediáticas.
La postura del secretario general de Gobierno busca marcar distancia entre la administración encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el caso que enfrenta la alcaldesa de Tenancingo, mismo que ha generado una fuerte polémica en el ámbito político estatal.
El asunto cobró relevancia luego de que la Fiscalía mexiquense informara sobre una investigación relacionada con la presunta simulación del secuestro denunciado por Nancy Nápoles el pasado 31 de mayo. De acuerdo con las autoridades ministeriales, existen elementos que apuntan a que los hechos fueron planeados previamente, una versión que la presidenta municipal rechaza de manera categórica.
Mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones, el diferendo entre la alcaldesa y la Secretaría General de Gobierno ha abierto un nuevo frente político en la entidad, colocando el caso en el centro del debate público y generando expectativas sobre las consecuencias legales y políticas que podría tener en los próximos meses.
Por ahora, Horacio Duarte mantiene una postura institucional: rechaza cualquier intervención del Gobierno estatal en el caso, exige pruebas sobre los señalamientos realizados y sostiene que serán las autoridades competentes quienes determinen la verdad jurídica de los hechos.
