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PRI propone frenar denuncias falsas contra docentes; advierte daño social y emocional en escuelas

 

 

En un contexto donde la convivencia escolar enfrenta nuevos retos, el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso mexiquense puso sobre la mesa una iniciativa que busca atender un tema sensible: las acusaciones falsas contra maestras y maestros.

 

La propuesta, impulsada por la diputada Lety Mejía, plantea la creación de protocolos de mediación escolar como un primer filtro para prevenir conflictos y evitar que las denuncias se utilicen como herramienta de presión o daño, además de endurecer sanciones cuando se acredite mala fe.

 

Desde la tribuna, la legisladora fue directa: una acusación falsa no solo impacta en lo jurídico, sino que descompone el tejido escolar. “Mancha el nombre, rompe la confianza y afecta la estabilidad emocional y familiar de quien la enfrenta”, advirtió.

 

La iniciativa propone que, cuando una denuncia sea determinada como falsa y realizada con dolo, se contemplen penas que van de 4 a 12 años de prisión, además de multas de hasta 5 mil días, como parte de la reparación del daño.

 

Pero el fondo del planteamiento va más allá de lo punitivo. En clave Azotea Media, el mensaje apunta a una tensión real en las aulas: el equilibrio entre proteger a estudiantes y garantizar justicia para docentes.

 

Mejía subrayó que existen casos donde, tras señalamientos infundados, docentes enfrentan consecuencias severas: pérdida de empleo, afectaciones económicas, estigmatización social y secuelas emocionales como ansiedad y miedo dentro de sus propias comunidades escolares.

 

“No estamos en contra de denunciar, estamos a favor de la verdad”, sostuvo, al dejar claro que la propuesta busca fortalecer investigaciones responsables, sustentadas en evidencia, diálogo y cultura de paz.

 

El PRI apuesta así por un modelo que no debilite la protección a niñas, niños y adolescentes, sino que eleve el estándar de las indagatorias, evitando abusos y garantizando que ninguna de las partes involucradas vea vulnerados sus derechos.

 

La discusión está abierta. En el fondo, no es solo una reforma legal: es una disputa por el equilibrio entre justicia, confianza y convivencia dentro del aula.


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