¿Y QUIÉN VA A GARANTIZAR QUE NO MATEN, AMENACEN O SILENCIEN A QUIENES BUSQUEN EL PODER EN EDOMEX?
PRI exige blindar las elecciones de 2027, pero la pregunta de fondo es inevitable: ¿las autoridades actuarán antes de la violencia o volverán a reaccionar cuando ya sea demasiado tarde?
✒️ Por: Emiaj Agairra G / Azotea Media
Toluca, Estado de México, 21 de octubre de 2026.
Las elecciones no deberían costar la libertad, la integridad ni la vida de quienes aspiran a gobernar. Sin embargo, cuando la violencia se cruza con la disputa por el poder, el derecho a votar y ser votado deja de ser una garantía en el papel y se convierte en una preocupación para quienes buscan participar en la vida pública.
Con la mira puesta en el proceso electoral de 2026-2027, el PRI en el Estado de México puso sobre la mesa una exigencia de seguridad electoral que abre un debate incómodo: ¿qué tan preparadas están las autoridades para evitar que las amenazas, las agresiones y la intimidación definan quién puede competir y quién termina abandonando la contienda?
El diputado priista Alejandro Castro presentó un exhorto dirigido al Gobierno estatal para instalar una Mesa Estatal de Seguridad para el Proceso Electoral 2026-2027. La propuesta contempla coordinación entre autoridades gubernamentales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), organismos electorales, partidos políticos y, cuando corresponda, gobiernos municipales.
Entre las medidas planteadas están actualizar el mapa de riesgos electorales, establecer alertas tempranas ante amenazas y agresiones, crear un protocolo de prevención y atención de la violencia política, además de evaluar periódicamente los riesgos detectados.
La propuesta suena necesaria. El problema es que un mapa de riesgos no protege a nadie si las alertas se archivan, las denuncias no avanzan o las autoridades llegan cuando el daño ya está hecho.
La violencia no pregunta por colores ni por género
La preocupación va más allá de una disputa partidista. En los procesos electorales, la violencia política puede afectar a aspirantes, precandidaturas, candidaturas, militantes y personas que participan en la organización o vigilancia de las elecciones.
Tampoco distingue necesariamente entre hombres y mujeres, aunque las agresiones contra ellas pueden presentar características específicas, como amenazas sexualizadas, ataques misóginos o campañas de hostigamiento.
Por eso, la prevención debe contemplar todos los escenarios y atender las particularidades de cada caso, sin convertir la seguridad electoral en un privilegio reservado para quienes tienen mayor influencia política.
En el Estado de México, donde se renovarán cargos de elección popular en 2027, el desafío consiste en evitar que el miedo se convierta en un mecanismo de control político y que las amenazas terminen condicionando la competencia democrática.
La pregunta incómoda para el Gobierno
Alejandro Castro sostiene que la seguridad debe construirse antes del registro de candidaturas y del inicio de las campañas, no cuando la violencia ya se haya instalado.
Pero el planteamiento también obliga a cuestionar a las instituciones: ¿quién identificará a tiempo las zonas de riesgo?, ¿qué autoridad responderá ante una amenaza?, ¿cómo se garantizará la protección de una candidatura sin importar su partido?, ¿qué ocurrirá cuando existan denuncias contra actores con poder político o económico?
Y hay otra interrogante que no puede quedar fuera: ¿cómo sabrá la ciudadanía si esta mesa realmente funciona y no termina convertida en otra reunión de funcionarios, fotografías oficiales y compromisos sin resultados?
Para que el mecanismo tenga credibilidad, no bastará con instalarlo. Se necesitarán responsables identificables, canales seguros de denuncia, tiempos de respuesta, coordinación efectiva y evaluaciones públicas que permitan conocer los avances sin poner en riesgo a las personas protegidas.
La democracia no puede depender de quién intimida más
La exigencia del PRI coloca sobre la mesa un asunto de interés público, aunque también abre espacio para cuestionar a los propios partidos: la prevención de la violencia debe ser una convicción permanente y no una bandera que se levante únicamente cuando comienza la competencia electoral.
Las garantías deben alcanzar a todas las fuerzas políticas y a las candidaturas independientes, sin excepciones ni cálculos partidistas.
Porque si una persona tiene que elegir entre competir por un cargo público y proteger su vida, la democracia ya enfrenta una amenaza que va mucho más allá de las urnas.
En Azotea Media ponemos la pregunta sobre la mesa: ¿el Estado de México llegará a 2027 con una estrategia capaz de prevenir la violencia política o volverá a reconocer los riesgos cuando las amenazas se hayan convertido en tragedias?
La seguridad electoral no se demuestra con exhortos ni discursos. Se demuestra cuando nadie tiene que renunciar a sus aspiraciones por miedo, cuando las denuncias reciben respuesta y cuando la ley protege por igual, sin importar el género, el partido o el apellido.
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